Propone el establecimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de forma tal que sea un tributo de carácter personal y directo, y que gravará, según los principios de igualdad, generalidad, progresividad y no confiscatoriedad, la renta de las personas físicas de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares. Esta propuesta en particular establece un mínimo no imponible de ¢8.200.000 (alrededor de $13.000). Se propone una nueva escala progresiva que aplicaría sobre la renta neta de las personas físicas con actividad lucrativa o en relación de dependencia, después de aplicadas las deducciones personales y familiares que establece la Ley.