Busca hacer más rigurosa la liberación de reos, al impedir su salida anticipada cuando existan condenas por delitos contra la vida, agresiones sexuales o crimen organizado. Además, plantea el deber de que todos los privados de libertad –salvo aquellos que por razones de salud o seguridad se encuentren imposibilitados– trabajen como método de rehabilitación y como una forma de aportar a los gastos de manutención en que tiene que incurrir el Estado costarricense por su estadía en prisión. También estipula que el año carcelario se contabilizará como de 365 días, en lugar de los ocho meses que actualmente representa y que permite a muchos de ellos no cumplir el tiempo íntegro que dispone el Código Penal por el delito cometido.