El presente proyecto de ley pretende entonces, generar un marco jurídico que permita que las fundaciones que reciben fondos públicos se encuentren al día con lo establecido por ley, y se permita generar una mayor labor de fiscalización y control de los fondos públicos que son transferidos a entidades privadas de utilidad pública, al igual que asegurar que los fondos que reciben sean utilizados para cumplir con los motivos que justificaron su constitución.