El fin del proyecto de ley sería proteger el derecho humano a la alimentación nutricional e inocua del ciudadano; la esencia está centrada en la unificación y ordenación de la regulación de los programas actuales participativos y relacionados con ese derecho, agrupando en un solo instrumento los ciento cuatro programas regulados bajo las cincuenta y siete leyes, sin que con ello el Estado tenga que erogar más recursos públicos, adaptando los órganos ya existentes al cumplimiento y consecución de ese derecho fundamental que el país ha venido desarrollando.