Con la presente propuesta de ley, el salario presidencial se convertiría, finalmente, en el parámetro tope para fijar el límite superior de la remuneración en absolutamente todo el sector y la función pública en nuestro país, extendiendo la regulación que se aplicó en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre pasado, a todos los salarios que hayan quedado fuera de ella. El salario del presidente resulta más que suficiente para vivir con decoro. Más que eso es francamente ofensivo, opulento, desmedido y desproporcionado.