Esta reforma propone que las y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tengan que dedicarse, prioritariamente, al ejercicio de la labor jurisdiccional para la que fueron nombrados, de forma tal que coloquen en primer plano de su trabajo la administración de justicia en el sentido más estricto, que, para tal caso, corresponde al conocimiento de las causas que deben resolver como jueces y juezas de máximo grado.