Pretende enmendar lo establecido en la ley adjetiva que rige la materia penal costarricense. Al otorgar a los tribunales de justicia ordinarios la competencia para juzgar penalmente a los miembros de los supremos poderes y demás funcionarios que gocen de las inmunidades y prerrogativas de los primeros; respetando lo establecido en la Constitución Política respecto al fuero de improcedibilidad penal y el procedimiento para revocar el mismo por votación calificada de la Asamblea Legislativa (artículo 121, inciso 9 y 10, C. Pol.). Además, se plantean reformas puntuales a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público, para armonizar estos cuerpos normativos con los cambios planteados en el procedimiento para juzgar a los miembros de los supremos poderes, y garantizar su aplicación efectiva