Se introducen mejoras y cambios sustanciales tendentes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando a su vez los trámites y requisitos previstos en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. En esta ley hay que establecer sanciones para los funcionarios que se niegan a acatar sus mandatos, así como establecer un mecanismo ágil para dilucidar si en un determinado caso se produjo o no el silencio positivo.