Busca destinar a la Caja, como parte del pago de la deuda que el Estado tiene con ella, un punto porcentual del impuesto al valor agregado, proveniente de aquellos bienes y servicios que estén gravados al 13%, según el artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley N° 6826 del 8 de noviembre de 1982, reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018. De esta forma, cada vez que se cobre el IVA a los productos y servicios que no se encuentran exonerados o que tienen una tarifa especial –los cuales se encuentran excluidos de la aplicación de esta Ley–, 12% irá para el Estado y 1% para la Caja, por un periodo de cinco años.