Viene a establecer como daño agravado esta conducta delictiva, adicionando un inciso 7) al artículo 229 del Código Penal y de esta forma aumentando la pena actual, que va de seis meses a cuatro años de cárcel, a un año y hasta seis años, y con sesenta a ciento veinte días multa, los cuales estimo proporcionales para el daño que dicha práctica provoca en detrimento de la colectividad, para de esta forma castigar a las personas que realicen estas actividades ilícitas; asimismo, la iniciativa incluye el castigo a los funcionarios públicos que, valiéndose de sus cargos, faciliten la extracción del líquido o las tomas ilegales, sancionándose una vez aprobada esta iniciativa con un tercio más a la pena, en vista de que sus actos serían gravosos dada la violación a la conducta ejemplarizante, así como a la responsabilidad y la confianza pública en ellos encomendada. Como el primer propósito es disuadir de la comisión de estos delitos, en esta iniciativa se acepta una técnica sancionatoria muy utilizada en nuestro Código Penal, que es permitir la conmutación de la pena de prisión por una sanción de sesenta a ciento veinte días multa, siempre que el autor no tenga una conducta reiterada de esta práctica. De igual forma, se establece una serie de multas concomitantes, tanto a la persona física, personas jurídicas y a los que se beneficien con la extracción del líquido, adicionando el cobro de lo que se gaste en la reparación de los acueductos, en caso de que esta toma ilegal haya provocado alguna avería en las fuentes de suministro. Finalmente, quisiera agregar que considerado el artículo 226 del Código Penal, sobre a “Usurpación de aguas”, en esta iniciativa se llega al entendimiento de que este artículo, en el inciso 1) trata el caso del desvío de aguas de cauces naturales, normalmente definido como agua cruda o agua bruta, que son las aguas que corren sin ningún tipo de tratamiento y que se encuentran en fuentes o reservas naturales, superficiales o subterráneas, por lo que es claro que el agua entubada y potable no cabe dentro de este artículo del Código Penal. De igual forma, el tipo penal de la receptación, artículo 330, el que se sanciona con pena de seis meses a cinco años y con veinte a sesenta días multa, al que adquiriera, recibiera y ocultara dinero, cosas o bienes provenientes de un delito en el que no participó, o interviniera en su adquisición, recepción u ocultación, es un tipo penal que de alguna forma y sin éxito se ha utilizado para denunciar el robo de agua, pero la naturaleza de este no funciona ya que no tiene nada que ver con la salud pública y el peligro que conlleva la ruptura de tuberías de agua potable, y las penas son bajas para el daño que se podría ocasionar.