Pretende autorizar al Poder Ejecutivo que, ante la declaratoria de emergencia en los términos dispuestos por la mencionada Ley N.° 8488, así como frente a la declaratoria de recesión, según lo dispuesto por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pueda utilizar herramientas como la reducción temporal y excepcional del impuesto al valor agregado a los alquileres y a los servicios de suministro eléctrico y de agua para ayudar a las personas y al sector productivo a soportar de mejor forma los embates de la crisis económica generada por los acontecimientos y, sobre todo, conservar los empleos que ha generado y dar un alivio al bolsillo de los consumidores para que puedan adquirir estos servicios básicos y la economía pueda levantarse pronto.