Pretende aumentar el plazo de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia (Ley 9747), teniendo en cuenta la situación económica del país, y la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, de tal manera que se distribuye los gastos generados por la puesta en práctica de la norma, en dos ejercicios presupuestarios diferentes, todo lo anterior con el fin de permitir una correcta implementación de la ley, qué beneficia a las personas usuarias de una materia de tanta sensibilidad importancia para nuestra sociedad.