La finalidad es autorizar a los jerarcas de los diversos poderes del Estado a renegociar los contratos de alquiler que cada institución haya firmado, a fin de generar una liberación de recursos y que se permita su traslado a la Caja Única del Estado exclusivamente para la atención de la emergencia sanitaria, ya sea para compra de equipos médicos o para fortalecer los fondos de subsidio para aquellas personas que a causa de esta emergencia, han perdido sus trabajos o han visto reducida su jornada laboral.