Propone una moratoria en favor del Estado, postergando el pago por tres meses en los contratos vigentes de arrendamiento de establecimientos por parte del Estado, entes descentralizados y municipalidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, específicamente en su artículo 6. Los tres meses propuestos son mayo, junio y julio del 2020, meses que se espera sean los más críticos de la pandemia y generen más necesidad de recursos para que el Estado pueda hacerle frente a la crisis. El fin de esta iniciativa es que transcurrido dicho plazo se cancele mediante pagos mensuales extraordinarios del 10%, el monto adeudado por concepto de alquiler, respetando en todo momento, los plazos establecidos en cláusulas contractuales, pero en caso de vencer algún contrato el monto adeudado podrá ser exigido hasta vencido dicho plazo de tres meses, de igual forma no se podrán cobrar intereses sobre los montos postergados a menos de que exista mora posterior.