Autoriza al Poder Ejecutivo, a través de las entidades responsables enunciadas en el párrafo anterior, a intervenir en la regulación del mercado y los precios de los medicamentos que se utilizarán para el tratamiento del COVID-19, con el fin de evitar la especulación en dicho mercado, frente a la crisis sanitaria que vive el país, por un período de tres meses, prorrogable por una única vez.