La reforma propuesta encuentra asidero en los artículos 51, 77, 78 y 81 de la Constitución Política, por cuanto consagra como derecho constitucional la educación general y básica y su carácter obligatorio. Esto se trata no solo del acceso universal que debe garantizar el Estado, sino también de la obligación de los padres o encargados de la guarda y crianza de los menores, de velar por que los niños, niñas y jóvenes puedan concluir como mínimo obligatorio esos grados.