Persigue como objetivos principales los siguientes: modificar la Ley General de la Administración Pública (Ley 6227), para que los servidores públicos estén sujetos a responsabilidad disciplinaria no solo por sus acciones, pero también por sus omisiones siempre y cuando causen dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes. Modificar la Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494) para que los jerarcas y demás servidores públicos responsables de los procesos de contratación administrativa que incumplan con esta norma incurran en dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes, conforme lo dicta el artículo 211 de la Ley 6627. Se incluye un transitorio para que los entes públicos que aún no hayan implementado en su totalidad el Sistema de Compras Públicas (Sicop) estén sujetos a la remisión de un informe trimestral a la Contraloría General de República que demuestre los avances en el cumplimiento de la ley, sin que esto detenga cualquier proceso disciplinario. Los entes públicos que a la entrada en vigencia de la presente ley no hayan implementado el Sicop estarán obligados a hacerlo en un plazo máximo de doce meses para hacerlo.