Este proyecto de ley pretende delimitar con total claridad el derecho a la protesta y al reclamo, de forma tal que se resguarde el derecho de terceros a no verse perjudicados por las manifestaciones, particularmente en el sentido de su libertad de tránsito y uso y disfrute de instalaciones públicas. En simples palabras, no se prohíbe ni restringe la libertad de expresión, solo se establece un límite razonable y avalado por la jurisprudencia constitucional para lograr un equilibrio con respecto a los derechos y libertades de los demás. En ese sentido, se dispone expresamente que el Estado tendrá la obligación de levantar los bloqueos y cierres que afecten la libertad de tránsito y los demás derechos de la ciudadanía, desde el mismo momento en que se están produciendo.