Permite que los bancos comerciales del Estado puedan ampliar sus opciones para obtener recursos, con el fin de destinar parte de estos a programas de crédito y medidas para ayudar a desahogar la situación de las personas altamente endeudadas. Por otra parte y, a efectos de proteger al consumidor financiero de las tasas excesivas, la segunda propuesta establece la competencia para que se determine de manera técnica la tasa máxima que regule el mercado financiero y el de compras a crédito.