La iniciativa pretende prohibir la contratación, en puestos de confianza, de personas ligadas a los puestos de confianza del sector público por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, hasta tercer grado inclusive, ello, en virtud que por los casos de corrupción y posibles tráficos de influencia se puedan nombrar personas de interés estratégico por parentesco para el beneficio propio o familiar