Se pretende modernizar el marco para facilitar la labor del inspector de trabajo. También simplificar las denuncias y contestaciones. En este sentido, la Recomendación N.º 20 adoptada por la OIT el 29 de octubre de 1923, ha dispuesto que se considere “a los jefes de empresa o a sus representantes”, responsables de la observancia de la ley, pudiendo ser multados en caso de infracción deliberada de la ley o de negligencia grave en su observancia; y solo en casos especiales en que se disponga que el empleador deba ser avisado previamente, se recurrirá a la ejecución inmediata. Además, se implementará un régimen general de sanciones administrativas por infracción a las leyes laborales, que incorpore como mínimo: caracterización y clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves. Se creará un registro de reincidencia; se definirá la cuantía de las sanciones según su gravedad; se especificará el mecanismo para recurrir el acto que ordena la imposición de la multa administrativa; se definirá el destino de las multas; y se definirá el órgano que tendrá a su cargo la administración y control de multas. En lo que refiere a la distribución de las infracciones en tres grupos según su gravedad deberán ser especificadas en la reglamentación que al efecto disponga la inspección de trabajo. Este proyecto se basa en el expediente N.º 19.130 presentado por la diputada Sandra Piszk del Partido Liberación Nacional y apoyado y consensuado por la diputada Patricia Mora del Partido Frente Amplio en el periodo constitucional 2014-2018.