Busca eliminar la antinomia creada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) entre la no sujeción de los bienes y servicios que venga, presta o adquieran las corporaciones municipales (artículo 9) y la obligación de las municipalidades, Asadas y demás prestadores de servicios para cobrar el Impuesto al Valor Agregado seis meses después de la entrada en vigencia de la Ley 9635 (Transitorio XIII), derogando el Transitorio XIII.