El objeto de la presente ley es positivizar en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, N.° 8131, los alcances de la norma presupuestaria número 10. Donde los movimientos entre las partidas de gasto corriente de remuneraciones, servicios, materiales y suministros y transferencias corrientes, de un mismo programa presupuestario requieran autorización legislativa. El espíritu de esta reforma es obligar a los entes públicos a cumplir con el principio de anualidad presupuestaria de rango constitucional, mediante la introducción de este nuevo subinciso tendiente a buscar una mejor eficiencia en la asignación presupuestaria de los presupuestos ordinarios. De no hacerse una correcta asignación presupuestaria en los presupuestos ordinarios, estos entes deberán solicitar a la Asamblea Legislativa una modificación presupuestaria evidenciando la mala presupuestación y los colchones de los que deberían sacar el dinero.