El Poder Ejecutivo presenta para la aprobación de la Asamblea Legislativa el Convenio de Extradición suscrito con el Gobierno de la República Francesa, el 4 de noviembre de 2013, en París. Este es un convenio de extradición normal o característico de esta materia. Establece la obligación principal de las Partes de entregar en extradición a las personas requeridas para juzgamiento o ejecución de la pena, pero otorgando una serie de garantías que armonizan dicha obligación con las garantías tradicionales de un Estado de Derecho. Además, regula aspectos burocráticos o de simple procedimiento de entrega, la forma o la documentación que debe acompañar el requerimiento de extradición, la posibilidad de solicitar detención provisional y los plazos máximos para concluir actuaciones.