En la exposición de motivos del proyecto se parte de argumentar que “la venta de activos ociosos del Estado permitiría pagar, o al menos mitigar la deuda pública, sin embargo, para ello es necesaria la creación de una ley en la que se autorice a las instituciones a la venta de dichos activos”. Entonces, para esos efectos se presenta esta iniciativa legal, tratando de emular o de prorrogar los efectos en el tiempo, que en su momento tuvo el artículo 8 de la Ley de Contingencia Fiscal (No 8343) constituyendo una autorización genérica en ese sentido, pero que limitó su vigencia solo al año 2003.