El proyecto de ley busca en primera instancia permitirle a las personas de género femenino y masculino que se encuentran recluidos actualmente y para los nuevos casos, el que tengan por una única vez la oportunidad de cumplir con sus compromisos económicos por pensión alimentaria. Con esto se pretende darles la oportunidad a las madres y padres de familia, para que ellos directamente y por medio del trabajo, puedan cumplir con los compromisos y responsabilidades que la ley establece en lo que respecta al suministro económico básico a nivel familiar. Aunado a ello, el apoyo psicológico a estos sectores por medio de la oportunidad de reivindicarse ante la sociedad, núcleo familiar y fuerza laboral activa. Por otra parte, se pretende con este proyecto de ley, el fortalecimiento a las finanzas públicas viéndose este como inversión y no como un gasto al momento del alquiler de brazaletes los cuales servirían como instrumento de control para ubicar a la persona recluida, lo que en el mediano plazo vendría a convertirse en un ahorro significativo a las finanzas de la hacienda pública.