El proyecto propone la creación de una tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria, sea, gravar los procesos monitorios dinerarios, ejecuciones hipotecarias, ejecuciones prendarias, ejecuciones de garantías mobiliarias, reposesión de garantías mobiliarias y embargos preventivos que sean competencia de los Juzgados de Cobro Judicial. La tarifa del tributo no podrá ser superior al 7% ni menor a un 2% de la estimación de la demanda o gestión inicial, porcentaje que fijaría la Corte Plena anualmente con base en un estudio técnico financiero, que considere la necesidad de financiamiento de la gestión cobratoria.