La iniciativa de ley establece la obligación del Estado para emitir la normativa correspondiente con el objeto de reducir la contaminación visual causada por la mala disposición de residuos de cable. Además, deberá dictar las regulaciones necesarias para asegurar un adecuado ordenamiento del cableado, de forma tal que se presten todos los servicios de electricidad, televisión y telecomunicación en armonía con el derecho a un ambiente sano y equilibrado