El proyecto de ley abre la posibilidad para que nuestro país, como beneficiario de empréstitos públicos, pueda transparentar la ejecución de dichos recursos mediante la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley N.° 9074 “Ley de Contratación Administrativa”, de 02 de mayo de 1995, y sus reformas, siempre y cuando las condiciones pactadas en el empréstito y el prestador lo permitan.