El proyecto busca crear una política pública en materia de requerimientos de espacio físico por parte de las entidades públicas, de manera que se constituya en una herramienta para el uso eficiente de los recursos públicos empleados en materia de alquileres, indispensable para el control del gasto en momentos de crisis fiscal. Para efectos de satisfacer las necesidades inmobiliarias, se plantea la posibilidad de alquiler como una opción de última instancia, siendo que debe considerarse inicialmente la utilización de la infraestructura existente a cargo de las instituciones públicas, dado que considera que no se está aprovechando todo el potencial del espacio físico disponible. Para estos efectos, plantea la posibilidad de llegar a acuerdos o programas de cooperación entre entidades, que les permita compartir o prestarse entre sí sus instalaciones o equipos, si ello contribuye en el uso racional del gasto público. Como segunda opción se presenta la adquisición o construcción de inmuebles propios, cuando las necesidades lo justifiquen y no exista posibilidad de utilizar la infraestructura existente. Finalmente se plantea la posibilidad del arriendo, en cuyo caso la entidades deban suscribir contratos de alquiler de edificios con proveedores que ofrezcan un costo lo más cercano posible a las condiciones reales de mercado.