El proyecto propone la reforma de un único artículo de la Ley General de Aduanas , en concreto el artículo 22, para adicionar un contenido en aras de crear una obligación jurídica al Ministerio de Hacienda, al cual se le otorga un plazo no menor a un año para su implementación -que después se agrega en un transitorio especial a ese artículo- en virtud de la cual “deberá instalar los equipos y sistemas de las tecnologías que posibilite la inspección, supervisión, fiscalización y verificación, la aplicación no intrusiva del 100% de las mercancías” que son objeto de su control.