El proyecto propone como política pública conciliar la vida familiar y laboral. Para tales efectos, el Estado debe elaborar, ejecutar y evaluar la política pública que promueva en las instituciones públicas, el sector privado, las familias y demás instancias de la sociedad. El Estado debe incluir esta política en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los planes anuales operativos de las diversas instituciones estatales.