Ampliar de una buena vez el plazo que la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos tiene para rendir su dictamen -evitando tener que recurrir a una solicitud de prórroga cada año-, al obligar al Plenario legislativo a conocer y no posponer los dictámenes de liquidación presupuestaria y disponer que la Comisión de Asuntos Hacendarios deberá verificar el cumplimiento de las recomendaciones hechas en el dictamen aprobado por el Plenario para el ejercicio del año económico anterior.