Se propone que todos los funcionarios públicos que sean contratados durante la vigencia de la ley que se pretende aprobar, independientemente del Poder de la República para el que laboren, coticen para el régimen de pensiones administrado por la CCSS. Asimismo, con el proyecto de ley se aspira a que las personas que se encuentren pensionadas bajo regímenes básicos especiales y que reciban una o más pensiones y que además devenguen un monto total de pensiones superior al límite máximo fijado por la CCSS para el régimen de invalidez, vejez y muerte, contribuyan de forma especial, solidaria y redistributiva, según la escala establecida en el proyecto. A su vez, la propuesta establece que en ningún caso la contribución especial, solidaria y redistributiva y la totalidad de las deducciones que se apliquen a los pensionados y jubilados cubiertos por la ley, podrá representar más del cincuenta y cinco por ciento (55%) con respecto a la totalidad del monto bruto de la pensión (o las pensiones) que por derecho le correspondan al beneficiario. Para los casos en los cuales esa suma supere el cincuenta y cinco por ciento (55%) con respecto a la totalidad del monto bruto de la pensión o las pensiones, la contribución especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al cincuenta y cinco por ciento (55%) con respecto a la totalidad del monto bruto de las pensiones.