El proyecto de ley tiene como objetivo que las entidades y las empresas públicas del Estado puedan celebrar contratos con sujetos de derecho privado que se definen como alianza público-privada. El propósito es la búsqueda de inversión nacional y extranjera, ya que, de acuerdo con la exposición de motivos, se considera que las instituciones del Estado no disponen de suficientes recursos económicos, tecnología, recurso humano o estrategias de planificación en obras. La propuesta está dirigida a la ejecución de obra pública y servicio público de cara a los usuarios, con especial énfasis en las municipalidades que son identificadas por la proponente como potenciales beneficiadas para la solución de problemas de infraestructura y mejora en la calidad de servicios que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos humanos.