Con este proyecto de ley se pretende un ordenamiento de las vías públicas que regule la construcción, reparación o realización de obra en las carreteras del Estado, así como ciertos servicios públicos, para evitar el embotellamiento del flujo vehicular, así como la interrupción de la comercialización de bienes y servicios, de cara a la concreción del derecho de la libertad de tránsito de los usuarios. Esto podría desencadenar en un perjuicio a terceras personas en las distintas actividades de los particulares o del propio Estado.