El proyecto pretende suspender por un plazo de 36 meses el desalojo de personas, la demolición de obras, actividades y proyectos en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y Patrimonio Natural del Estado. Se exceptúa de la suspensión prevista, aquellos casos en que exista resolución judicial o administrativa en firme, que ordene esos desalojos o demoliciones, con fundamento en la comisión de daño ambiental, o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio ambiente. De acuerdo con la exposición de motivos, en vista de que todavía no se han aprobado las políticas públicas necesarias y dado que su vencimiento daría como resultado daños de muy difícil o imposible reparación para los beneficiarios de la citada ley, propone ampliar la moratoria a los próximos treinta y seis meses, brindando por ese tiempo, tranquilidad a las familias que habitan en las zonas especiales y un espacio para la actuación de los poderes públicos competentes. El proyecto propone que ese plazo empiece a regir a partir del 22 de julio del 2018, pero le ley original N°9373, cumple su cometido el 16 de julio del 2018.