Esta iniciativa procura reformar el procedimiento que rige a las comisiones con potestades legislativas plenas, para dotarlas de los mismos plazos y condiciones que tiene el Plenario legislativo para reducir la complejidad normativa y, por otro lado, eliminando las disposiciones que permiten dar audiencia a ministros y crear subcomisiones para el estudio de proyectos. Si se llegó a esta etapa del proceso decisional, los proyectos deben ser tratados de forma similar a como lo haría el Plenario, espacio en el cual no existen las prerrogativas que se pretenden eliminar, pues se parte del principio de que ya pasó por el tamiz de una Comisión dictaminadora que estudió la iniciativa, realizó las consultas del caso y dio las audiencias pertinentes.