Para que se investiguen los cuestionamientos revelados recientemente por la prensa y en la asamblea legislativa, sobre operaciones crediticias gestionadas y otorgadas por el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y otras entidades bancarias del Estado, así como las actuaciones de los miembros de las juntas directivas, sus cuerpos gerenciales, y cualquier otra persona que participara en la tramitación de dichos créditos; así como la persona eventual influencia política de autoridades de gobierno u otros, para favorecer a ciertos actores con créditos.