Establece que el Tribunal Supremo de Elección y la Dirección General de Migración y Extranjería deberán incluir en todos los documentos de identidad que emitan el señalamiento de si la persona es o no donadora de órganos y/o tejidos humanos. Además, si una persona fallece, se entenderá que dio consentimiento para donar sus tejidos, salvo que lo haya rechazado expresamente en vida.