Reduce a 3% del padrón la concurrencia necesaria para convocar a un referéndum para la promulgación o reforma de la legislación ordinaria, y lo mantiene en 5% para las reformas constitucionales. Asimismo, podrá convocarse a más de un referéndum al año siempre y cuando el Tribunal Supremo de Elecciones y sus recursos den paso a su factibilidad; mas nunca durante los seis meses anteriores ni posteriores a la elección presidencial.