El proyecto de ley propone transparentar, en aras de combatir la corrupción, los patrimonios e intereses económicos de los funcionarios públicos obligados a declarar ante la Contraloría General de la República (CGR), mediante una serie de medidas, entre las que propone hacer de conocimiento de toda la ciudadanía la información patrimonial de los altos mandos del sector público, para identificar los intereses empresariales de los mismos. De conformidad, el proyecto establece una obligación al Banco Central de Costa Rica (BCCR) de proporcionar trimestralmente a la CGR la información sobre sociedades, estructuras jurídicas o fideicomisos, en las que participen los funcionarios públicos indicados, su cónyuge, su compañera o compañero, o alguno de sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.