Reforma al Poder Judicial sustituyendo a la Corte Plena por un Consejo Superior de la Judicatura. Este nuevo Consejo debe proyectarse como un órgano cuya atribución constitucional es garantizar la independencia del juez. El Consejo tendrá un rango jurídico por lo menos igual al de los poderes Legislativo y Ejecutivo, para impedir que estos puedan ejercer cualquier tipo de presiones, influencia o autoridad sobre los jueces. La naturaleza de sus funciones es de gobierno y administración del sistema judicial. Además, se crea la figura con rango constitucional, del Consejo Superior de la Magistratura, compuesta por diecisiete miembros, en la que habrá una representación mayoritaria de jueces, más miembros representantes de los abogados litigantes y del sector académico. Se reduce enormemente, la injerencia del poder político, todo ello que los representantes de la judicatura (11 en total), serían electos por los propios jueces y no por la Asamblea Legislativa.