Busca asegurar el compromiso con la transparencia fiscal que deben atender el presidente de la República, los vicepresidentes, los diputados, magistrados, ministros y viceministros, y demás servidores públicos para realizar inversiones, mantener cuentas abiertas en entidades financieras, tener participaciones accionarias en sociedades o ser miembros de juntas directivas de sociedades cuando estas se realicen o residan en países o jurisdicciones que sean considerados por la Administración Tributaria costarricense como paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.