Pretende declarar de “interés público” la constitución y el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito. Pretende introducir en forma expresa la posibilidad de que las cooperativas de ahorro y crédito puedan realizar operaciones activas y pasivas, con empresas de economía social, que también puedan hacerlo con las empresas de su grupo financiero cooperativo y, muy importante también, que puedan hacerlo con las micro, pequeñas y medianas empresas en que sus asociados tengan participación en el capital. Esto permitirá un impulso especial a tantas mipymes que pertenecen total o parcialmente a asociados a las cooperativas y que hoy día no puede hacerse impidiendo de esa manera ese importante encadenamiento. Adicionalmente, agrega un nuevo inciso que facultará a las cooperativas de ahorro y crédito a poder tener acceso a recursos colocando instrumentos de inversión en el mercado de valores, lo que permitirá a las cooperativas disponer de fondos más baratos para otorgar crédito en condiciones más favorables a asociados y mipymes, etc. Pretende que las cooperativas de ahorro y crédito no tengan que realizar reserva de liquidez sobre el capital social, ya que las aportaciones al capital social que realizan los asociados es una cuenta patrimonial y no un pasivo. Pretende ser consecuente en dar facultad a las cooperativas de ahorro y crédito de realizar operaciones activas también con las empresas de la economía social, las de su grupo financiero cooperativo y con las mipymes que pertenezcan total o parcialmente a sus asociados. Propone dar facultad a las cooperativas para que profundicen algunos servicios financieros que actualmente no brindan, los cuales son recurrentemente demandados por sus asociados.