Propone la creación de un régimen especial de concesiones conforme con los principios constitucionales de tutela de los bienes de dominio público, que a su vez permita la conservación y consolidación de las comunidades locales costeras, pesqueras e isleñas que los habitan y que sea accesible para estas comunidades y acorde con su realidad social, cultural y ambiental. Bajo esta ley solo se podrán otorgar concesiones en los territorios costeros comunitarios a las y los pobladores de estos territorios inscritos en el padrón respectivo, elaborado por las municipalidades con participación de las comunidades, así como a las asociaciones y organizaciones sociales que estos constituyan. Estas concesiones serán para fines de vivienda y el desarrollo de las actividades productivas sustentables de las comunidades y se asignarán con base en los planes de ordenamiento territorial, promoviendo la distribución equitativa de la tierra entre las y los pobladores. Estarán fuera del comercio, por lo que serán inembargables e intransferibles, salvo por herencia entre las mismas personas pobladoras. En el caso de las islas que se encuentren dentro de estas áreas especiales de protección, las concesiones no requerirán aprobación legislativa, en vista de que se encuentran enmarcadas en los fines especiales de esta ley. Se respetará la zona pública, así ordenada por la Sala Constitucional.