El objeto es establecer un marco jurídico común para los diversos integrantes de la economía social solidaria, que permita su reconocimiento, visibilización y fomento por parte de políticas del Estado, así como el desarrollo de procesos de articulación e integración propios de estas organizaciones. Se aplica a todas las entidades que integran la economía social solidaria, regidas conforme a los términos dispuestos en el artículo 3 de esta ley, sin perjuicio de las normas sustantivas específicas que les resulten aplicables, las regulen y las rijan en razón de su propia naturaleza.