Como profesional en Medicina y Cirugía Veterinaria dedicada al sector agropecuario, he recorrido cientos de fincas en todo el país. Conozco de cerca el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes, día a día, producen los alimentos que llegan a nuestras mesas. También conozco la amplia red de familias, profesionales, transportistas, comercios, proveedores, técnicos y emprendedores cuyo sustento depende de la actividad agropecuaria. Por ello, no puedo permanecer indiferente ante decisiones que comprometen el presente y el futuro de un sector estratégico para Costa Rica.
Mi preocupación no nace únicamente de mi profesión; también hablo como madre. Pienso en el país que heredarán nuestros hijos y deseo que crezcan en una Costa Rica donde existan oportunidades para producir, emprender, innovar y trabajar con dignidad; un país que valore a sus productores, fortalezca el desarrollo rural y comprenda que la seguridad alimentaria debe protegerse como un patrimonio nacional.
Defender al productor costarricense no significa oponerse al desarrollo; significa reconocer que el crecimiento del país también depende de un sector agropecuario fuerte, competitivo y sostenible. Se nos dice que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) traerá beneficios para el consumidor costarricense. Sin embargo, me surge una pregunta: ¿de cuál consumidor estamos hablando?
¿Del colaborador que perderá su empleo porque la finca lechera donde trabaja ya no puede competir? ¿Del médico veterinario recién graduado que encontrará menos oportunidades para ejercer su profesión? ¿Del pequeño comerciante cuya pulpería depende de las familias que trabajan en el sector lechero? ¿O de la soda, la ferretería, el taller mecánico, el transportista y los comercios agropecuarios cuyo sustento está ligado al dinamismo económico que generan las fincas?
Con frecuencia se presenta al consumidor como si fuera una figura distinta del productor, pero la realidad es otra: el consumidor también es trabajador, emprendedor o empresario y, cuando pierde su fuente de ingreso, también pierde su capacidad de consumir. No puede existir un consumidor fortalecido en una economía donde cada vez hay menos personas con empleo, menos empresas produciendo y menos comunidades rurales generando oportunidades. Por eso, el verdadero bienestar de un país no puede medirse únicamente por el precio de un producto; también debe medirse por la cantidad de personas que tienen empleo y la posibilidad de construir un futuro.
Hablar de que Costa Rica competirá con Nueva Zelanda, una de las mayores potencias exportadoras de productos lácteos del mundo, implica reconocer que ambos países parten de realidades profundamente distintas. Mientras Nueva Zelanda ha consolidado durante décadas un modelo altamente tecnificado, especializado y orientado a la exportación, los productores costarricenses enfrentan costos de producción más elevados y condiciones estructurales muy diferentes. La verdadera competencia solo puede darse cuando existen condiciones razonablemente equitativas; de lo contrario, no hablamos de competir en igualdad de oportunidades, sino de enfrentar múltiples desventajas que comprometen la sostenibilidad de la producción nacional.
En cantones como Zarcero, donde cientos de fincas lecheras sostienen la economía local, no solo está en juego la producción de leche; también están en juego el empleo, la permanencia de pequeños negocios, la estabilidad de las familias y el futuro de miles de profesionales que hoy estudian en nuestras universidades.
Un llamado a las universidades
No basta con formar excelentes médicos veterinarios, ingenieros agrónomos y otros profesionales del sector agropecuario si, al mismo tiempo, guardamos silencio ante decisiones que podrían reducir las oportunidades para que esas mismas personas ejerzan su profesión y contribuyan al desarrollo del país.
Las universidades tienen un papel que trasciende la formación técnica: son espacios donde se construye pensamiento crítico, se impulsa la investigación y se promueve el análisis de los grandes desafíos nacionales. Por ello, también están llamadas a participar en los debates que definirán el futuro del sector agropecuario y de las nuevas generaciones de profesionales.
Defender el agro no es únicamente proteger una actividad económica; es resguardar un futuro lleno de oportunidades para miles de estudiantes que hoy se preparan con la esperanza de aportar sus conocimientos al desarrollo de Costa Rica. Significa garantizar que ese talento encuentre un espacio donde crecer, innovar y servir al país.
El costo y el beneficio
Según la Cámara Nacional de Productores de Leche, el beneficio económico esperado de la adhesión al CPTPP rondaría el 0,35% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, el impacto sobre los sectores estratégicos que generan empleo, desarrollo territorial y seguridad alimentaria podría ser significativamente mayor.
Ante este panorama, vale la pena preguntarnos: ¿estamos dispuestos a poner en riesgo miles de empleos, la estabilidad de nuestras comunidades rurales y la seguridad alimentaria del país por un beneficio económico tan reducido?
Las cifras del comercio pueden resumirse en una hoja de cálculo; el futuro del agro costarricense solo puede comprenderse caminando sobre la tierra donde se produce. Un país que deja de producir sus alimentos no solo pierde competitividad: pierde soberanía, pierde oportunidades para las nuevas generaciones y renuncia, poco a poco, a la capacidad de construir su propio desarrollo.
La pandemia y las recientes interrupciones en las cadenas globales de suministro recordaron al mundo la importancia de mantener la capacidad de producción local de alimentos y que la seguridad alimentaria dejó de ser únicamente un tema económico para convertirse también en un asunto estratégico para los Estados.
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) sostiene que el CPTPP abriría oportunidades de acceso preferencial a mercados de Asia, América del Sur, América del Norte, Oceanía y Europa, con mayores posibilidades de inversión para Costa Rica. El Gobierno sostiene esta narrativa de “oportunidades” de exportación e inversión. Sin embargo, precisamente por la importancia de esa decisión, resulta indispensable analizar también sus efectos sobre los sectores productivos más sensibles y valorar si existen mecanismos suficientes para evitar que los beneficios potenciales para unos se traduzcan en costos permanentes para otros.
Realidades distintas dentro del CPTPP
Resulta pertinente analizar algunos de los países que integran el CPTPP y las características de sus economías, las cuales difieren significativamente de la realidad productiva costarricense:
- Nueva Zelanda: uno de los mayores exportadores de productos lácteos del mundo, con un modelo altamente orientado a la exportación y grandes economías de escala.
- Australia: potencia agroexportadora con amplias extensiones de tierra y una producción agropecuaria de gran escala.
- Canadá: a pesar de participar en numerosos tratados de libre comercio, mantiene un sistema de administración de la oferta (supply management) que protege los sectores de leche, aves y huevos mediante controles de producción, importación y mecanismos de fijación de precios.
- Japón: conserva medidas especiales, contingentes arancelarios y salvaguardias para diversos productos agrícolas sensibles.
- Vietnam y Malasia: cuentan con estructuras productivas y laborales diferentes a las de Costa Rica, que inciden en sus condiciones de competitividad.
Estos ejemplos evidencian que la apertura comercial no implica la ausencia de mecanismos de protección. Por el contrario, incluso dentro del CPTPP varios de sus miembros mantienen políticas y mecanismos específicos para sectores agrícolas sensibles. Entonces, si países considerados potencias mundiales han ideado estrategias para proteger parte de su producción agropecuaria, resulta razonable preguntarse por qué Costa Rica debería renunciar a discutir mecanismos que permitan preservar un sector tan estratégico como el agro.
Una invitación a conocer el campo
Este texto no pretende cerrar el debate; por el contrario, busca abrir un espacio para la reflexión. El futuro del agro no es un asunto exclusivo de los productores ni de quienes trabajamos en el sector: es una decisión que involucra a toda la sociedad costarricense.
A quienes hoy tienen en sus manos esta decisión les hago una invitación sincera: visiten lecherías promedio de la zona de Zarcero, conozcan la realidad de uno de los cantones con una importante actividad lechera en Costa Rica, ubicado en una provincia que aporta cerca de la mitad de la producción nacional. Encontrarán empresas familiares que durante años han invertido en mejorar su productividad mediante créditos para construir salas de ordeño, adquirir equipos, desarrollar caminos internos, instalar sistemas de manejo de purines, mejorar genética y cumplir rigurosos estándares sanitarios y ambientales.
Antes de decidir el futuro del agro costarricense desde un escritorio, recorran fincas, conversen con productores, conozcan a las familias que viven de esta actividad y comprendan todo lo que está en juego. Porque cuando se vota sobre el agro, no se decide únicamente sobre un tratado comercial: se decide sobre el futuro de miles de costarricenses.
Quiero recordarles que detrás de cada litro de leche existe una inversión que aún se está pagando. Comprenderán que Costa Rica no compite bajo las mismas condiciones que países como Australia, Canadá, Chile o Nueva Zelanda y que no se trata de rechazar las oportunidades, sino de reconocer que la competencia debe darse bajo condiciones razonablemente comparables.
El agro costarricense no pide privilegios; pide condiciones de competencia equitativas y políticas públicas que reconozcan el valor estratégico de la producción nacional, porque detrás de cada finca no solo hay leche, hortalizas o café: hay familias, empleos, inversiones, conocimiento y comunidades enteras que dependen de que el campo siga siendo una opción de vida.