El proyecto presentado en la legislatura anterior por el exdiputado liberacionista José Francisco Nicolás Alvarado, que plantea permitir la prescripción de oficio de deudas financieras en cobro judicial, terminó este martes la primera de sus dos ventanas de oportunidad para recibir modificaciones y mostró un buen ambiente de cara a sus últimos pasos en la Asamblea Legislativa.
La iniciativa se tramita bajo el expediente 24.517, denominado Prescripción de oficio para deudas financieras en cobro judicial, y la Comisión de Asuntos Jurídicos terminó este martes de tramitar las 27 mociones de fondo presentadas durante el primer día de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo.
Todas las mociones fueron rechazadas, por lo que el texto dictaminado no sufrió modificaciones.
Las mociones conocidas este martes provenían de diputaciones del periodo constitucional anterior y varias recibieron críticas de congresistas de distintas fracciones, quienes señalaron que algunas se limitaban a sustituir palabras sin alterar sustancialmente el texto, mientras otras modificaban el sentido del proyecto para favorecer al acreedor en lugar del deudor.
Hernández defendió el objetivo de la iniciativa al señalar que existen empresas gestoras de cobro que compran deudas prescritas o de difícil recuperación y posteriormente recurren al sistema judicial para intentar cobrarlas.
Sabemos que incluso hay grandes gestoras de cobro, que lo que han hecho es comprar deudas incobrables o prescritas y se están haciendo millonarias, pero además no por su propia gestión, sino que han instrumentalizado al Poder Judicial que de por sí ya está absolutamente saturado para enriquecerse y además para cobrarle a personas que ya legalmente tienen sus deudas prescritas".
El diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña también defendió la propuesta y sostuvo que el régimen actual favorece al acreedor porque obliga a la persona demandada a alegar la prescripción, algo que, según afirmó, muchas veces no ocurre porque el deudor carece de asesoría jurídica.
Villalobos cuestionó además prácticas que atribuyó a algunas gestoras de cobro y aseguró que apoyará la iniciativa aunque surjan presiones de entidades financieras para impedir su aprobación.
Yo auguro, y no sé si espero equivocarme. Yo más bien esperaría que no me equivoque, que empecemos a recibir las presiones de bancos, financieras, ABC, de W y Z y todas esas entidades de representación de financieras, porque voy a disfrutar muchísimo si pretenden presionar a los diputados para que este proyecto no lo aprobemos, porque este es uno de los que voy a votar con el mayor gusto".
La diputada Joselyn Sáenz Núñez, del Frente Amplio, coincidió con la necesidad de avanzar con la iniciativa, aunque consideró que todavía deben corregirse aspectos procesales. Durante la discusión de una moción que proponía conceder cinco días de audiencia al acreedor después de decretada la prescripción, Sáenz sostuvo que la intención podía retomarse en el segundo día de mociones, pero mediante una redacción técnicamente adecuada.
Sáenz también relató que, durante su experiencia en consultorios jurídicos, conoció casos de personas sometidas a procesos de cobro por obligaciones ya prescritas y afirmó que algunas empresas aprovechan espacios de conciliación para presionar a los deudores a pagar montos que jurídicamente ya no tendrían obligación de cancelar.
La presidenta de la comisión, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, se manifestó igualmente a favor del objetivo del proyecto y sostuvo que la reforma busca recuperar un equilibrio procesal entre acreedores y deudores, sin convertir la prescripción en un mecanismo para favorecer a quienes simplemente incumplen sus obligaciones.
Definitivamente aquí no se está favoreciendo a uno o a otro, es simplemente exigiendo el cumplimiento de la prescripción para que no haya abusos. Yo creo que eso es muy valioso".
La diputada Kathia Calvo Cruz, también del oficialismo, señaló por su parte que las prácticas de cobro afectan especialmente a familias en condición de vulnerabilidad, debido a que muchas personas desconocen las reglas sobre prescripción y carecen de recursos para contratar representación legal.
Calvo afirmó que algunas empresas amenazan a los deudores con consecuencias judiciales que, según dijo, resultan improbables y generan temor suficiente para que terminen pagando obligaciones prescritas. También cuestionó que algunas firmas jurídicas cobren por gestionar la prescripción de deudas cuando, de aprobarse el proyecto, esa actuación podría realizarla directamente la persona juzgadora.
Qué cambiaría el proyecto
Al no aprobarse ninguna de las 27 mociones, la versión vigente continúa siendo la que la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente y de manera unánime en marzo de 2025.
La iniciativa consta de solo dos artículos. El primero reformaría el artículo 974 del Código de Comercio para establecer que la prescripción "se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda", sin necesidad de que la persona beneficiada tenga que invocarla como acción o excepción.
La reforma conservaría además la posibilidad de que los acreedores o cualquier persona que tenga interés en la prescripción puedan invocarla cuando la parte beneficiada no la haga valer, incluso cuando esta hubiera renunciado a ella.
El segundo artículo derogaría los artículos 973 y 975 del Código de Comercio. El primero establece actualmente que los jueces no pueden declarar de oficio la prescripción, mientras que el segundo dispone que quien cumple una obligación prescrita no tiene derecho a reclamar posteriormente la devolución de lo pagado.
Parte de la discusión de este martes giró precisamente alrededor del procedimiento que debería seguir una persona juzgadora para aplicar la prescripción de oficio. Villalobos sostuvo que una moción que proponía dar cinco días de audiencia al acreedor después de dictado el auto tenía un problema técnico, porque la parte inconforme debería recurrir la resolución en lugar de recibir un traslado posterior.
Sáenz planteó que ese aspecto podría trabajarse mediante una nueva moción de consenso durante la siguiente oportunidad de enmienda, mientras Esquivel señaló que debía analizarse cuidadosamente en qué momento tendría sentido conceder audiencia a las partes sin frustrar el propósito de permitir que la prescripción opere de oficio.
Al concluir las votaciones, Esquivel resumió el ambiente de la comisión afirmando que quedó claro que deben avanzar con una propuesta que atienda tanto la acumulación de expedientes de cobro en el Poder Judicial como los abusos que, según las diputaciones, se producen alrededor de esos procesos.
El expediente regresará ahora al plenario legislativo para abrir el segundo y último día de mociones vía artículo 137. Las diputaciones de la actual Asamblea podrán presentar entonces nuevas enmiendas y, si las hay, la Comisión de Asuntos Jurídicos deberá conocerlas antes de que el proyecto pueda avanzar hacia su primer debate.
Breves
— Este martes el plenario votó otras 301 mociones de revisión al proyecto de ley de jornadas de 12 horas. Quedan 609 mociones de revisión pendientes.
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Gobierno y Administración rechazó el expediente 25.029 "Reforma al artículo 17 de la Ley N°4240 Ley de Planificación Urbana del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas. Ley para garantizar la participación ciudadana en los planes de ordenamiento territorial".
Leyes publicadas
Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.