Los 15 opositores presentes votaron contra el acuerdo, que envía el caso al Ministerio Público y al TSE y exhorta a la diputada a identificar al pastor o disculparse.
La fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó este jueves, únicamente con sus 29 votos, una moción para remitir al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) las declaraciones en las que la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko López, afirmó que un pastor cristiano le ofreció 42.000 votos a cambio de ₡420 millones durante la campaña electoral.
La votación marcó una división completa entre las bancadas: los 29 votos a favor correspondieron a Pueblo Soberano y las 15 diputaciones opositoras presentes votaron en contra. Otras 13 diputaciones figuraron como ausentes, entre ellas Gordienko, quien se retiró del salón antes de la votación tras alegar que participar en una decisión que la involucraba directamente podía beneficiarla.
La moción no se limitó a enviar los antecedentes a las autoridades. También exhortó a Gordienko a identificar al pastor al que atribuyó el ofrecimiento y a entregar mensajes, grabaciones, documentos, testimonios u otros elementos relacionados con los hechos y, si no presenta ante las autoridades elementos que sustenten su afirmación, le pidió ofrecer una aclaración y disculpa pública a la comunidad cristiana evangélica costarricense.
Ese último componente concentró buena parte del enfrentamiento político. Diputaciones opositoras sostuvieron que Pueblo Soberano utilizó su mayoría para convertir una diferencia surgida durante el control político en un pronunciamiento institucional contra una legisladora por palabras pronunciadas desde su curul, mientras el oficialismo negó que existiera una sanción y defendió su derecho a responder políticamente y pedir que las autoridades investiguen el supuesto ofrecimiento.
La declaración que originó la moción
La controversia comenzó durante la sesión plenaria del miércoles 16 de setiembre, en medio de un debate sobre la participación de las personas cristianas evangélicas en la vida política. Gordienko respondió a una intervención del diputado oficialista Gonzalo Ramírez Zamora y relató una experiencia que, según dijo, ocurrió durante la campaña electoral.
La propia moción reprodujo literalmente sus palabras:
Viera, don Gonzalo, que a mí me ocurrió al revés. A mí un pastor cristiano me llegó a ofrecer cuarenta y dos mil votos por cuatrocientos veinte millones de colones. Las cosas que pasan, ¿verdad?".
Ramírez retomó el tema este jueves y cuestionó que Gordienko hiciera pública una acusación de esa naturaleza sin identificar al supuesto responsable ni acudir antes ante las autoridades. El diputado sostuvo que una conducta individual no debía proyectarse sobre la totalidad de la comunidad evangélica y llamó a la legisladora a presentar una denuncia.
Si lo que dijo es cierto, diputada Gordienko, denuncie".
Ramírez insistió en que su planteamiento no pretendía determinar si Gordienko decía la verdad ni juzgarla por haber hablado, sino trasladar la información a las instituciones encargadas de establecer qué ocurrió.
Ocho acuerdos
La moción, presentada como una moción de orden por varios diputados y diputadas, incluyó 12 considerandos y ocho acuerdos. En sus razonamientos, sus promoventes calificaron el supuesto ofrecimiento como un asunto de “suma gravedad” que, de haber ocurrido, podría guardar relación con delitos o faltas electorales y con las normas sobre financiamiento de agrupaciones políticas, sin perjuicio de lo que pudiera valorar el Ministerio Público.
El documento también señaló que no constaba ante la Asamblea Legislativa que Gordienko hubiera puesto formalmente los hechos en conocimiento del Ministerio Público o del TSE. Sus proponentes argumentaron además que la inviolabilidad parlamentaria protege la libertad de expresión de las diputaciones, pero no elimina, a su juicio, el deber de comunicar a las autoridades hechos que puedan revestir carácter delictivo.
El primer acuerdo ordenó a la Secretaría del Directorio remitir al Ministerio Público una certificación del acta, el audio, el video y los demás antecedentes oficiales relacionados con la intervención de Gordienko, para que esa institución determine si corresponde alguna actuación dentro de sus competencias.
El segundo dispuso hacer lo mismo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, con el objetivo de que ese órgano valore si los hechos relatados contienen elementos de naturaleza electoral que ameriten una actuación o alguna remisión adicional.
El tercero exhortó a Gordienko a dar a conocer la identidad del pastor evangélico al que atribuyó públicamente el ofrecimiento y, en caso de contar con mensajes, grabaciones, documentos, testigos u otros elementos, ponerlos formalmente en conocimiento de las autoridades.
El cuarto acuerdo estableció el punto más cuestionado por la oposición: si Gordienko no presenta ante las autoridades elementos que sustenten una afirmación pública de esa gravedad, la Asamblea la exhortó a ofrecer una aclaración y disculpa pública a la comunidad cristiana evangélica costarricense.
La moción justificó esa solicitud al señalar que la legisladora utilizó de manera genérica la condición de “pastor cristiano” sin individualizar públicamente a una persona, lo cual, según el texto, podría proyectar sospechas sobre ministros, iglesias y creyentes sin relación con los hechos.
Los acuerdos quinto y sexto reafirmaron que cualquier eventual responsabilidad debe determinarse individualmente y que la conducta irregular de una persona que ejerza funciones pastorales no puede atribuirse al conjunto de las iglesias evangélicas, sus ministros o sus comunidades de fe.
El séptimo reafirmó el respeto de la Asamblea por el derecho de quienes profesan una religión a participar legítimamente en los asuntos públicos, dentro de los límites establecidos por la Constitución y el ordenamiento electoral.
Finalmente, el octavo acuerdo aclaró expresamente que la remisión de los antecedentes y los demás acuerdos no constituyen una declaración sobre la veracidad de los hechos ni sobre la responsabilidad penal, electoral o de cualquier otra naturaleza de persona alguna, pues esas determinaciones corresponden a las autoridades competentes.
Gordienko se retiró antes de la votación
El trámite de la moción generó una primera disputa antes de que el Plenario pudiera votar. Después de que Ramírez defendió la moción, la presidenta legislativa se negó a dar el uso de la palabra a la diputada Claudia Dobles Camargo, quien pedía intervenir por el orden, así como a Gordienko, quien ya iniciada la votación, señaló que deseaba invocar el reglamento para retirarse.
Después de una recomendación de las asesorías legislativas, la Presidencia detuvo el procedimiento para permitir que Gordienko planteara su excusa. La diputada invocó el artículo 105 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y explicó que votar contra la moción podría representar un beneficio para ella.
Debido a que si yo voto en contra de esta moción, sería un beneficio para mí, debo entonces retirarme o abstenerme".
La legisladora salió del recinto y no participó en la votación. Antes de hacerlo, cuestionó que la Presidencia hubiera iniciado el procedimiento pese a que, según afirmó la oposición, la diputada Claudia Dobles Camargo había solicitado previamente la palabra por el orden para pedir un receso.
Dobles respaldó esa versión y solicitó que quedara constancia en el acta de que había pedido la palabra antes de la intervención de Ramírez y antes de que comenzara la votación. Posteriormente pidió un receso de hasta 15 minutos y la Presidencia concedió diez.
Los 29 votos de Pueblo Soberano bastaron
Al reanudarse la sesión, el Plenario sometió la moción a votación y Pueblo Soberano aportó los 29 votos necesarios para aprobarla sin respaldo de otra agrupación política. Las 15 diputaciones opositoras que participaron votaron en contra y otras 13 aparecieron como ausentes.
La distribución de los votos convirtió la discusión en un enfrentamiento directo entre el oficialismo y la oposición. El debate posterior ya no giró únicamente alrededor de la conveniencia de investigar el supuesto ofrecimiento de votos, pues las bancadas opositoras cuestionaron especialmente que una mayoría parlamentaria utilizara un acuerdo del Plenario para pedirle una eventual disculpa a una diputada por declaraciones efectuadas durante el ejercicio del control político.
Los diputados del Frente Amplio Antonio Trejos Mazariegos y Edgardo Araya Sibaja presentaron una moción de revisión. Trejos calificó la decisión como una “Inquisición sin Santo Oficio” y sostuvo que la Asamblea sometió a una diputada, en el ejercicio de su fuero parlamentario, al control político de una mayoría.
Trejos diferenció entre el traslado de los hechos a las autoridades, con el cual dijo estar de acuerdo, y los demás componentes de la moción:
La parte legítima de la moción no necesita una censura política de su parte. Está bien que se denuncie. Yo estoy de acuerdo. Y que se investiguen los hechos en el Ministerio Público y en el Tribunal Supremo de Elecciones, pero no convertirlo en una censura, en una censura política de una mayoría política coyuntural contra la diputada Gordienko López".
Araya centró su oposición en el artículo 110 de la Constitución Política, que establece que una diputación no responde por las opiniones que emita dentro de la Asamblea. Según el legislador, existe una diferencia entre que otras diputaciones contradigan a Gordienko durante el debate y que la mayoría convierta esa respuesta en un acuerdo institucional.
Es la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica diciéndole a una diputación que se disculpe por algo que dijo en el ejercicio de su fuero en una curul. No es lo mismo".
El diputado sostuvo que Pueblo Soberano utilizó su mayoría para censurar a Gordienko y advirtió que ese precedente podía afectar futuros ejercicios de control político de la oposición.
Oposición respaldó investigar, pero cuestionó la disculpa
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estrada, también separó ambos componentes. Dijo que su bancada podía respaldar que el Ministerio Público y el TSE investigaran la denuncia, pero rechazó que la Asamblea pidiera una eventual disculpa antes de que esas instituciones determinaran qué sucedió.
La primera parte todo bien, que se traslade al Ministerio Público y al Tribunal para que investigue. Hasta ahí estamos de acuerdo".
Villalta cuestionó que el texto planteara una disculpa condicionada a que Gordienko aportara elementos de prueba y sostuvo que una ausencia de documentación exhibida públicamente no permitía concluir que la afirmación fuera falsa.
Dobles planteó un argumento similar. La diputada sostuvo que las personas legisladoras cuentan con un fuero constitucional para formular denuncias y preocupaciones dentro del Plenario y advirtió que una respuesta institucional posterior podría amedrentar el ejercicio del control político.
La diputada Janice Sandí Morales, del PLN, también manifestó que correspondía al TSE investigar el supuesto ofrecimiento y consideró innecesario que la Asamblea prolongara la controversia mediante un pronunciamiento político.
Oficialismo niega censura o sanción
Pueblo Soberano rechazó esa interpretación. Ramírez sostuvo que la moción no impuso una multa, suspensión, pérdida de la palabra ni afectación de los derechos parlamentarios de Gordienko, por lo que negó que pudiera calificarse como una sanción.
Hay una respuesta política a una manifestación política y, sobre todo, compañeras y compañeros, no confundamos las cosas, nadie está pidiendo investigar a la diputada por haber hablado. Estamos pidiendo que se investigara el hecho que ella misma reveló".
Ramírez afirmó que ya había acudido al TSE para solicitar que investigara los hechos y defendió que la libertad de expresión de Gordienko también permitía que otras diputaciones cuestionaran sus afirmaciones.
La libertad de expresión no significa libertad frente a la contradicción".
La diputada de Pueblo Soberano Kattia Mora Montoya sostuvo que quien acusa a una persona de cometer un posible ilícito debe aportar pruebas o llevarlas ante las autoridades. También alegó que no identificar al pastor podía extender la acusación al conjunto de las personas cristianas evangélicas.
José Miguel Villalobos Umaña, también oficialista, defendió que el texto utilizara el verbo “exhortar”. Según explicó, la moción no obligaba a Gordienko a disculparse ni establecía una consecuencia jurídica si decidía no hacerlo.
El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, afirmó que Gordienko tenía la responsabilidad de explicar el alcance de sus declaraciones y planteó que el episodio debía abrir una discusión sobre las afirmaciones que se formulan desde el Plenario.
Esto no es un tema entre nosotros y ustedes, es un tema de cómo vamos definiendo qué cosas se pueden discutir y qué cosas no se deberían discutir aquí".
Esa frase generó nuevas críticas de la oposición. Dobles y Araya consideraron preocupante que una mayoría parlamentaria planteara definir qué puede o no decir una diputación desde su curul.
El debate escaló a acusaciones religiosas
Conforme avanzó la discusión, el enfrentamiento dejó de concentrarse exclusivamente en la moción. Ramírez afirmó durante una de sus intervenciones que las diputaciones del Frente Amplio eran ateas, mientras Mora acusó a ese partido de impulsar políticas que calificó de “aberrantes”.
Villalta rechazó la generalización y sostuvo que el Frente Amplio cuenta con personas de distintos credos. También cuestionó que integrantes de Pueblo Soberano denunciaran una generalización contra la comunidad evangélica mientras formulaban afirmaciones colectivas sobre las creencias de las personas opositoras.
Dobles retomó ese argumento posteriormente y exhortó a Ramírez y Mora a disculparse. La legisladora señaló que calificar de ateas a todas las personas de un sector del Plenario también constituía una generalización sobre sus creencias religiosas.
La confrontación aumentó cuando la oficialista Cindy Murillo Artavia exigió a Gordienko presentar la denuncia o pedir disculpas y afirmó que, de no hacerlo, quedaría en evidencia su “total desconexión de la lengua con el cerebro”.
Dobles y la frenteamplista Sigrid Segura Artavia reclamaron a la Presidencia por permitir esa expresión sin llamar al orden. Segura pidió aplicar las reglas de respeto independientemente de la bancada desde la cual provinieran los señalamientos.
El Plenario sometió posteriormente a votación la moción de revisión presentada contra el acuerdo. La revisión obtuvo 16 votos a favor y 29 en contra, por lo que la Asamblea mantuvo la decisión de remitir los antecedentes al Ministerio Público y al TSE y las exhortaciones dirigidas a Gordienko.